“Arrojados a la calle”. Así se sienten las familias en régimen de asilo que viven en Casa Bloc, en el barrio de Sant Andreu, y que recientemente han remitido una carta al secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós, para alertar de su grave situación, según informa eldiario.es.

El texto, firmado por una veintena de personas del bloque, expone las dificultades burocráticas a las que se enfrentan día tras día. Las seis familias firmantes ya han cumplido la prórroga de la primera fase de acogida, la que da derecho a asistencia residencial, y ahora se sienten “desamparadas” por la administración.

“Hace dos meses nos dijeron que no nos iban a echar, pero ahora sí”, comenta una de las personas afectadas, que afirma haber recibido un “ultimátum” para abandonar la residencia. Además, la ausencia de alternativas no hace sino acentuar su situación de incertidumbre. Al no poder presentar un aval, los solicitantes de asilo no tienen capacidad para cerrar acuerdos con inmobiliarias y acceder a pisos de alquiler en Barcelona.

Preguntada por el ultimátum, una de las portavoces del área de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat afirma que “nadie se quedará en la calle”. En este sentido, una de las fórmulas planteadas por el Govern es precisamente la deslocalización, es decir, situar en otro punto “más económico” de la geografía catalana a los solicitantes de asilo. La medida, naturalmente, no ha sentado nada bien a los afectados, muchos de los cuales tienen ya a sus hijos escolarizados en Barcelona.

No es la primera vez que los refugiados de Casa Bloc expresan su malestar con los programas de acogida. Hace dos meses, una decena de manifestantes se congregó en Barcelona con tarjetas rojas para denunciar el trato denigrante de la administración, que les trataba como “meros objetos”, tal y como denunció Luis Lázaro, residente de Casa Bloc, en una entrevista para Memorias en Movimiento.

NOTA: LA FOTOGRAFÍA UTILIZADA ANTERIORMENTE ES DE SANDRA LÁZARO (eldiario.es). SU UTILIZACIÓN NO PERSIGUE BENEFICIOS ECONÓMICOS Y TODOS SUS DERECHOS PERTENECEN A SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.
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